Considerando: que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas, ha venido a bien decretar y

2º. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título que el que la ley al destino o empleo que ejerza.

3º. Queda abolida la distinción del Don.

4º. Esta Asamblea se denominará Asamblea Nacional Constituyente.

5º. El Poder Ejecutivo, Supremo Poder Ejecutivo.

6º. El Tribunal que se organice, equivalente al supremo de Justicia, que establece la Constitución española: Alta Corte de Justicia.

7º. Los jefes políticos y Diputados provinciales, conservarán estos nombres.

8º. Los Tribunales de la audiencia, se denominarán: Cortes territoriales de justicia.

9º. Los ayuntamientos, municipalidades.

10. Los prelados diocesanos tendrán el título de Padre, unido a la denominación de Arzobispo u Obispo.

11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

NOTA: Se respeta el contenido original del texto, conservando la ortografía, gramática y redacción de la época en que fue elaborado.